Obispos esperan que el Senado no apruebe una ley de eutanasia por el bien común y la dignidad humana

A través de la declaración, los obispos recordaron que esta decisión “contraviene de manera clara la enseñanza de la razón natural y reafirmada por la fe cristiana”. Citando a san Juan Pablo II, en la encíclica Evangelium Vitae, reiteraron que “la eutanasia sigue siendo un acto inadmisible, incluso en casos extremos, ya que constituye «una grave violación de la Ley de Dios, en cuanto eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana»” (n. 65).

Falsa compasión

La declaración también subraya que la Doctrina Social de la Iglesia enseña que la compasión no justifica disponer de la vida humana. “La eutanasia es un acto intrínsecamente malo, en toda ocasión y circunstancia”, citan de la carta Samaritanus bonus (2020). Además, recuerdan que el Catecismo de la Iglesia Católica afirma: “Cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable” (n. 2277). Recuerdan que el Papa Francisco también advirtió que: “La eutanasia se presenta a menudo falsamente como una forma de compasión. En cambio, la ‘compasión’ -que significa ‘sufrir con’- no implica una acción intencionada para acabar con una vida, sino más bien la voluntad de compartir la carga de las personas que se enfrentan a la última parte de nuestro peregrinaje terrenal” (Mensaje para el Simposio sobre cuidados paliativos, 2024).

Un quiebre con la praxis médica

Los obispos advierten que esta iniciativa “representa un quiebre radical con la praxis médica que, durante siglos, ha sido guiada por el respeto a la dignidad de la vida humana”. La medicina, dicen, “tiene por su propia naturaleza una vocación de restauración y cuidado cuyo fin último es preservar y valorar la vida humana”.

Asimismo, señalaron que la experiencia internacional muestra que la apertura legal a la eutanasia “camina siempre hacia una expansión progresiva de las causas admitidas, conduciendo, eventualmente, a la llamada medicina del deseo, donde el valor de la vida se mide por la utilidad o una personal decisión”.

Cuidados paliativos como respuesta

En contraposición, los pastores reafirmaron la necesidad de fortalecer los cuidados paliativos: “Son una forma integral de atención médica y espiritual que se dirige a aliviar el sufrimiento y a mejorar la calidad de vida de las personas que padecen enfermedades graves o terminales”.

Agregaron que “estimamos del todo necesario que las leyes destinen a esta finalidad los recursos que sean del caso, dándoles prioridad por sobre otros fines legítimos”.

Una ley injusta carece de validez

En la declaración, el Comité Permanente sostuvo que una legislación que legitime la eutanasia no tendría sustento moral ni jurídico. “Reafirmamos que una ley humana sólo es válida y legítima cuando está en conformidad con la razón natural. Cuando se opone a ella, deja de ser ley y se convierte en un acto de violencia”, señalaron.

Confianza en la sabiduría del Senado

El documento manifiesta confianza en la labor de la Cámara Alta: “Confiamos en la sabiduría del Senado y en su responsabilidad de proteger la vida, por lo que esperamos que no se apruebe una legislación que permita la eutanasia”.

Los obispos subrayaron el papel del Senado como mediador y garante del bien común: “Es conocida su misión mediadora, que combina la representación de la pluralidad nacional, el control del Poder Ejecutivo y logra una síntesis de intereses en la defensa del bien común y la dignidad humana”.

“Nos ponemos en manos del Señor de la Vida”

Finalmente, los obispos recordaron las palabras de Jesús que reafirman el mandamiento “no matarás” (Mt 19,18-20). “Que Dios no permita que leyes injustas intenten regir a nuestra amada Patria”, concluye el texto.

La declaración es firmada por monseñor René Rebolledo, Arzobispo de La Serena y presidente de la Conferencia Episcopal, junto a los Arzobispos Ignacio Ducasse (vicepresidente), Fernando Chomali, y los Obispos Juan Ignacio González y Cristián Castro (secretario general).

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